Justicia para Ben

En noviembre de 2018 supimos del asesinato de nuestro socio y amigo, el abogado Ben Ramos. Habrá pagado con su vida su lucha por los derechos de los campesinos sin tierra en Filipinas, al igual que otros 60 abogados y 145 defensores de los derechos humanos desde que el presidente Duterte llegó al poder en 2016. En los últimos tres años, se han observado evidentes violaciones a los derechos humanos – ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de civiles –. En muchos casos, los presuntos autores de los homicidios son miembros de las fuerzas armadas, grupos paramilitares o personas relacionadas con ellos. Los actos de intimidación y ataques contra las voces que critican al gobierno – medios independientes, defensores de derechos humanos, ONG, abogados y periodistas – están en aumento.

LLAMAMIENTO AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

El 7 de junio de 2019, expertos en derechos humanos alertaron a las Naciones Unidas y pidieron una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas en Filipinas. Dijeron que estaban “extremadamente preocupados por la asombrosa cantidad de asesinatos perpetrados en todo el país en un aparente clima de impunidad oficial e institucional”.

FILIPINAS, EL PAÍS “MÁS MORTAL” PARA LOS ACTIVISTAS AMBIENTALES

En 2019, a pesar de las duras victorias de algunos movimientos sociales, la situación empeoró bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, quien declaró abiertamente la guerra a cualquier movimiento progresista en el país. Los líderes sociales son blanco de repetidos ataques: calumnias, criminalización, amenazas, detenciones, ejecuciones extrajudiciales. Mientras Mindanao, la isla más al sur del archipiélago, ya está bajo la ley marcial, Negros, así como las islas de Samar y Bicol, se encuentran en estado de emergencia, como parte de la lucha contra los grupos rebeldes. Los movimientos sociales son acusados ​​de estar relacionados con ellos y soportar con toda su fuerza estas reiteradas violencias, viendo sus súplicas y actividades de apoyo comunitario – así como la vida de sus trabajadores – bajo grave amenaza. >> Artículo completo en AlJazeera ‘Filipinas, el país más letal para los activistas ambientales y de la tierra’

SITUACIÓN ESPECIALMENTE CRÍTICA EN LA ISLA DE NEGROS (VERANO 2019)

En la isla de Negros, donde se encuentra nuestro socio CEO filipino, la situación es extremadamente crítica: muchas de las organizaciones de agricultores con las que trabaja nuestro CEO están bajo vigilancia y amenazadas por la policía y las fuerzas armadas. La importante presencia de militares en las comunidades en ocasiones imposibilita el desplazamiento. En junio de 2019, 25 miembros y líderes de organizaciones campesinas fueron acusados ​​injustamente de asesinar a un policía, 7 de ellos fueron arrestados. Nuevas amenazas apuntaron directamente a nuestro director ejecutivo, acusado de ser un “grupo armado comunista” – en las ondas de la estación de radio administrada por el ejército– o de ser una organización que “reclutaba terroristas”: el director ejecutivo fue monitoreado y seguido hasta una entrevista para Al-Jazeera; otro miembro del personal de la organización fue denunciado por robo, detenido ilegalmente por un miembro de las fuerzas armadas y recibió una citación para comparecer ante el tribunal. Estos hechos siguen de cerca los numerosos actos de violencia realizados tanto por el ejército como por la policía en la isla: de octubre de 2018 a junio de 2019 ya fueron 9 campesinos asesinados durante la masacre en Sagay. En el mismo contexto fueron asesinados 2 activistas de derechos humanos, entre ellos Ben Ramos, quien defendía a las familias de las víctimas de la masacre de Sagay. Una misión internacional independiente reunió pruebas contra dos miembros del ejército en relación con este último asesinato. La situación es crítica y los activistas de Negros necesitan apoyo, visibilidad y protección de la opinión pública y las autoridades internacionales, mientras que Duterte se está alejando gradualmente de los marcos legales internacionales de derechos humanos – Afirmó unilateralmente su elección de sacar oficialmente a Filipinas de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Court, según anunció el Washington Post. En Filipinas y Negros, es hora de que cesen estos ataques, así como las detenciones arbitrarias, las torturas, la violencia de género contra las mujeres, los ataques a la independencia de jueces y abogados, las restricciones a la libertad de expresión y reunión.